Como trabajadoras de dos sectores históricamente estatalizados y precarizados, conocemos de primera mano la realidad de quienes malvivimos con salarios que apenas alcanzan los 1.300 euros al mes, una cifra insuficiente para hacer frente a la carestía de la vida y cubrir necesidades básicas como la vivienda, la alimentación o el transporte en una comunidad con un coste de vida más alto que el del resto del Estado. Además, sabemos que nuestra situación no es única, sino que es compartida por miles de personas en nuestra comunidad que luchan por cubrir sus necesidades igual que nosotras.