El anuncio del presidente Pedro Sánchez de que hoy desclasificará documentos sobre el 23-F vuelve a ponernos ante la desagradable sensación de que el secreto oficial se gestiona más como herramienta política que como pilar de una democracia madura. El problema no es solo qué se desclasifica y cuándo, sino que seguimos anclados a una Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968, parcheada pero intacta en lo esencial. Y eso ocurre pese a los intentos de elaborar una norma democrática, labor en la que se ha empeñado especialmente el PNV durante la última década empujando una reforma razonable. La hemeroteca es fiable y la verdad, empecinada.