Este lunes 9 de marzo se cumplen 25 años de la aprobación por el Consejo de Ministros del Gobierno que presidía José María Aznar del decreto que establecía el 31 de diciembre de 2001 como fecha para la suspensión definitiva del servicio militar obligatorio. Aquella iniciativa en realidad adelantaba en un año el plazo marcado anteriormente por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Aquello supuso una enorme liberación para centenares de miles de jóvenes de todo el Estado que veían en la mili una absurda pérdida de tiempo y un paréntesis inoportuno en un momento clave ya fuera para sus estudios o para el desarrollo de su vida personal y profesional. Pero para muchos de ellos suponía bastante más. La adaptación a la paranoica disciplina castrense que imperaba en los cuarteles de un ejército español impregnado aún de franquismo por sus cuatro costados les resultaba una experiencia insoportable, que a menudo venía acompañada de vejaciones y malos tratos propiciados por oficiales y suboficiales superiores o por otros reclutas. Una tortura de la que buscaban evadirse de cualquier modo. Y no pocos eligieron el suicidio como vía de escape. La cuestión ha llegado al Congreso de los Diputados, donde varios grupos políticos socios del Gobierno, incluido el de Sumar, que cuenta con carteras en él, registraron recientemente una proposición no de ley para pedir que se abra una investigación sobre los abusos, vejaciones y casos de suicidio que afectaron a miles de jóvenes mientras prestaban el servicio militar en las décadas de los 80 y los 90. Es otra parte de esa memoria histórica que tantas lagunas continúa exhibiendo pese al paso de los años.