La escalada de precios del petróleo, la electricidad y los carburantes obliga a algo más que a declaraciones altisonantes: exige decisiones rápidas, medibles y duraderas. El Gobierno español, los ejecutivos autonómicos y los partidos tienen la responsabilidad de concretar ya un paquete coordinado de medidas que dé estabilidad a familias y empresas, garantizando la sostenibilidad de la actividad económica y el acceso asequible a la energía. La participación interinstitucional en un modelo descentralizado como el del Estado debería estar fraguándose ya y va con retraso. En ese terreno hay más puntos de encuentro de lo que sugieren los rifirrafes partidistas. Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han planteado a Pedro Sánchez esa necesidad, y el lehendakari, en particular, un decálogo de medidas específicas entre las que figura baja el IVA de la luz del 21% al 5%, suprimir el impuesto del 7% a la generación eléctrica y aliviar peajes para la industria electrointensiva.